Dos grandes expertos, Rafael Domenech y Víctor Pérez Díaz, repasan la situación del sistema de pensiones en España, y el sentido de las reformas que tiene el Gobierno sobre su mesa.
En los años 90’, los países desarrollados iniciaron reformas de sus sistemas de pensiones. España ha retrasado esas decisiones porque su generación baby boom es más tardía y por las contribuciones de la inmigración. Pero la crisis económica ha desvelado la verdadera situación de nuestro sistema de pensiones, que como cualquiera que sea contributivo (se paga las pensiones de hoy con las contribuciones de hoy), es insostenible a largo plazo, a no ser que se aumenten las contribuciones o se reduzcan las pensiones, año a año.
En este contexto, y dentro de las guías de reforma impuestas desde la Unión Europea, España debate dos tipos de medidas correctoras. Por un lado el Factor de Equidad Intergeneracional, que ajusta la pensión inicial a un coeficiente que se corresponde con la división entre la expectativa de vida en el momento con la que se espera de quienes entren en años posteriores. Los autores
dicen, atención, que “está claro que la aplicación del Factor de Equidad Intergeneracional implicaría una rebaja en el cálculo de las pensiones iniciales, con una media del 5 por ciento cada tres años”. Bueno, de eso se trata.
Hay otro componente, que es el Factor de Crecimiento Anual. Actualiza las pensiones, todas, en función de la diferencia entre la tasa de crecimiento nominal de las contribuciones a la Seguridad Social y la tasa de crecimiento de los gastos, si las pensiones no se actualizasen. En este capítulo se introduce un factor de corrección de carácter cíclico.
El Gobierno, según la decisión adoptada el pasado mes de septiembre, aprobó un Factor de Equidad Intergeneracional llamado Factor de Sostenibilidad que utiliza las expectativas de esperanza de vida elaboradas por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, cada cinco años. No entrará en vigor hasta 2019. Y el otro factor, llamado de Revalorización de las pensiones, introduce un aumento mínimo del 0,25 por ciento, y una del IPC más el 0,25 por ciento, con un límite máximo. De modo que durante una crisis, las pensiones podrán caer. Y lo que se recuperen durante los momentos de auge será sólo el 0,25 por ciento real por año.
Así las cosas, nos dicen los autores, “si bien la pensión media real podría crecer en las próximas décadas, el ratio de la pensión media sobre el salario medio es probable que caiga. Y las previsiones actuales sugieren que la tasa de dependencia”, como se le llama a ese ratio, “se incrementará considerablemente en ausencia de reformas estructurales que lleven a un aumento en el número de contribuyentes”. De modo que podemos hacer tres cosas, según dicen: 1) Contribuir a que tengamos vidas laborales más largas, 2) Incluir fondos procedentes de otros impuestos y 3) Ahorrar privadamente.
De modo que los factores de sostenibilidad son sólo uno de los que se deben considerar. Y las soluciones buenas apuntan a la mejora en el desempeño del mercado laboral: liberalización, educación y demás.